El Liberalismo Y El Mexico Rural De 1854 a 1861

EL LIBERALISMO Y EL MEXICO RURAL DE 1854 A 1861

Los liberales mexicanos propugnaban un gobierno republicano y constitucional, querían para México un sistema de gobierno federal. Exaltaban los beneficios del capitalismo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado dividía a los liberales mexicanos en dos grupos: los radicales , que favorecían la separación de la Iglesia y el Estado así como una campaña general para reducir el poder político y económico del clero y los moderados que tenían una confrontación con el clero. En el siglo XIX, el liberalismo se había convertido en el credo político de los sectores móviles y ambiciosos de la sociedad mexicana. Una ideología concebida para alimentar y justificar los intereses económicos y políticos de un grupo social. Otero decía que la transformación económica de la republica debía llevarse a cabo bajo la dirección política de la burguesía porque ese grupo representaba “el verdadero carácter de la población” y constituía “el elemento principal de la sociedad”. Las clases altas de México eran pequeñas y débiles, y las bajas estaban reducidas a la última nulidad. El problema social más importante de México no era la pobreza de la clase baja, sino el poder político del clero y del cuerpo de oficiales. Una vez que destruyeran dicho poder, los políticos liberales podrían llevar a México hacia la grandeza por la vía del capitalismo. El Partido Conservador en México tenía una orientación decididamente aristocrática, y sus ideólogos principales eran blancos de clase alta. Defendían la tradición colonial española de una sociedad ordenada y estructurada jerárquicamente, basada en os privilegios corporativos de las instituciones y de los grupos sociales. A la Iglesia, los conservadores se oponían a un sistema de gobierno popular y representativo. Veían en un régimen autoritario y centralizado tanto el medio para conservar el orden como un instrumento valioso para revitalizar la deprimida economía mexicana. Regresarse a la política de los reyes borbónicos de España. La principal preocupación de ambos partidos        era proteger y revitalizar esa institución característica y dominante de la agricultura mexicana: la hacienda. Creer que una agricultura pequeño-burguesa seria más benéfica, el Partido Liberal mismo defendía los intereses de los latifundistas. Los dirigentes  liberales, generalmente poseían grandes latifundios; su actitud similar a la de los conservadores. Protección policiaca y más bajos impuestos para los terratenientes; absoluta insensibilidad ante la pobreza y el sufrimiento de millones de campesinos y peones. Los políticos mexicanos ponían sus esperanzas de progreso en proyectos de colonización concebidos para poblar con inmigrantes europeos las zonas rurales. Los liberales dejaron en claro que bajo su gobierno los indígenas tenían que defender individualmente sus propios intereses. Los gobiernos liberales siguieron una política que hizo imposible el gobierno municipal efectivo. El campesino mexicano nunca constituyo un factor de importancia en las luchas entre conservadores liberales. Antonio López de Santa Anna a la cabeza, fue el catalizador de la Reforma mexicana. Llamado por los conservadores en 1853, se enemistó con el pueble por su conducta autocrática e ineptas decisiones políticas, como ceder a los Estados Unidos.la ira se expresaba aún entre los campesinos de los más remotos pueblos. El descontento popular con el dictador se materializó en 1854, cuando sus opositores liberales, dirigidos por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, publicaron el Plan de Ayutla. Derrocaron a Santa Anna en agosto de 1855, las diferencias personales e ideológicas dividieron el partido Liberal y redujeron su capacidad para gobernar. Los liberales moderados que obedecieron la jefatura militar de Álvarez quedaron anonadados por su elección como presidente provisional. Temían su radicalismo, despreciaban su falta de urbanidad y abrigaban graves sospechas por su obvia simpatía hacia los campesinos y otros mexicanos de clase baja. Se le opusieron moderados como Manuel Doblado, por ser demasiado severo con la Iglesia y demasiado indulgente con los revoltosos. Álvarez se enemistó con un gran sector de su partido y, después de dos difíciles meses en la presidencia, renunció a favor de Comonfort. Comonfort presidió un partido desunido y un país dividido. Bajo Álvarez, los liberales radicales habían empezado a promover una serie de “leyes de reforma” que atacaban los privilegios corporativos especialmente los de la Iglesia. La primera de éstas. La Ley Juárez, fue redactada por el ministro de Justicia, Benito Juárez. En 1853 Santa Anna forzó a Juárez al exilio, en Nueva Orleáns, entró en contacto con Melchor Ocampo, un liberal radical que ejerció una influencia muy profunda sobre él. En 1855, fue escogido por los jefes liberales para ocupar un puesto en el gobierno nacional. La Ley de Juárez, de noviembre de 1855, abolió los tribunales eclesiásticos y militares y uso así a los clérigos y soldados bajo la competencia de los tribunales civiles. El 25 de junio de 1856 la Ley Lerdo, exigía que todas las corporaciones civiles y religiosas se deshicieran de sus propios inmuebles. Destruyeron la base del poder económico de la Iglesia pero también la cohesión tradicional de las comunidades indígenas, las cuales, como corporaciones civiles, eran propietarias de todas las tierras dentro de sus límites. La Ley Lerdo para favorecer sus propios intereses personales. Miguel Lerdo, compró propiedades eclesiásticas en el Distrito Federal. Además de agudizar la lucha entre las facciones moderada y radical de los liberales, la nueva legislación empujó a algunos conservadores y clérigos a la rebelión abierta contra el gobierno. Durante 1856 las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fueron deteriorando porque los sacerdotes rebeldes, persistieron en sus esfuerzos de agitar para provocar una revuelta contra el régimen liberal. No les fue mucho mejor a los liberales en el campo porque la rígida aplicación de la Ley Lerdo por parte de la Secretaría de Hacienda tuvo un efecto nocivo sobre las comunidades indígenas, la Ley  Lerdo les prohibía poseer o administrar inmuebles y les ordenaba vender lo que tuvieran. La ley excluía de esta venta forzada todos los edificios y tierras que se destinaran exclusivamente al “servicio público” de los habitantes de los pueblos y pastizales comunales llamados ejidos. Los arrendatarios tenían la primera opción a la compra de las propiedades rentadas, y aquellas tierras que no estaban arrendados o que no  fueron compradas por sus arrendatarios  fueron sacadas a remate. Los individuos podían, mediante una mera “denuncia” de cualquier propiedad comunal ante los tribunales locales, forzar tales ventas, y la ley fijaba arbitrariamente como valor de los inmuebles 16 2/3 veces su renta anual, y exigía además el pago de cinco por ciento de impuesto sobre la compra-venta.